El pasado jueves 7 de abril de 2022 se presentó en el Senado el estudio “Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España” realizado por Óscar Arroyo Ortega, Jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, y editado por la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID).

El estudio supone un ejercicio de análisis del marco legal que regula y define los servicios bibliotecarios en España a partir de la legislación vigente en los distintos niveles de la administración, centrándose en la situación legal y real de los municipios menores de 5000 habitantes especialmente en zonas de mayor despoblación.

A partir de la normativa estatal vigente especialmente la Ley de bases de régimen local, el estudio analiza de forma individualizada, toda la normativa vigente de carácter autonómico a excepción de la nueva legislación extremeña de reciente promulgación y que ya difundimos en la web del CCB.  El objetivo inicial del estudio es ofrecer diferentes fórmulas que permitan sistematizar un modelo legal de distribución competencial de las administraciones públicas en materia bibliotecaria con el objetivo de facilitar la viabilidad técnica y económica de los servicios bibliotecarios públicos en los municipios de menor población.

Del mismo modo, el estudio presenta determinados datos clave de inversión pública en materia bibliotecaria en cada territorio, así como su distribución entre las distintas administraciones como muestra de las desigualdades de inversión existentes tanto entre las diferentes Comunidades Autónomas, como entre los distintos niveles de la administración pública.

Como conclusión el informe realiza una propuesta de elementos legales de distinto nivel que debería incluir cualquier legislación bibliotecaria autonómica para garantizar por parte de las administraciones públicas, servicios bibliotecarios públicos sostenibles adaptados a la realidad sociodemográfica de cada territorio.

El estudio, que ya fue repartido en formato papel a todos los asistentes del pasado X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en noviembre de 2021 en las Palmas de Gran Canaria, se encuentra disponible en línea en la web de FESABID. Al acto asistieron entre otros, representantes de la mayoría de asociaciones bibliotecarias de España, numerosos Senadores, la Vicepresidenta del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y la Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria.

La presentación del Estudio que se emitió en directo y está registrada en el canal de TV del Senado, estuvo presidida por la Vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona Ruiz, acompañada por el presidente de la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, Manuel Escarda, la Presidenta de FESABID Alicia Sellés, Óscar Arroyo, autor del Estudio, Juana Escudero, Subdirectora de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Director de la BPE de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Morales y Josefa Fuentes, Directora de Documentación del Senado.

Durante su intervención, la Vicepresidenta primera reconoció la labor de las bibliotecas como “servicio público que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas tanto el acceso a la información como el acceso a la propia educación y a los servicios culturales. Una herramienta fundamental para reducir desigualdades en nuestro país, desigualdades que hoy día tienen también una dimensión territorial. Nos preocupa la desaparición de escuelas, centros de salud, pero también de bibliotecas en el territorio más despoblado […] Me parece de la máxima importancia que se presente aquí en el Senado, en la cámara territorial, un estudio de este contenido cuando somos todos conscientes de que lo que llamamos la sociedad de la información en absoluto garantiza una sociedad del conocimiento […] El que dispongamos de una herramienta como son las bibliotecas públicas en todo el territorio de España, en particular en aquellas zonas donde hay más dificultades para retener a los más jóvenes y para garantizar derechos básicos a todos los ciudadanos, me parece un empeño que debemos apoyar y lo hacemos desde el Senado”.

El estudio aporta una serie de propuestas viables de futuro para la normativa legal relacionada con las bibliotecas públicas entre ellas las siguientes:

• Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 26.1 b) y establecer la obligatoriedad de los municipios mayores de 2000 habitantes deban contar con biblioteca pública municipal.
• Establecer en la legislación estatal de carácter básico la obligación del conjunto de administraciones públicas de ofrecer servicios bibliotecarios de carácter público en todos los municipios del Estado, teniendo para las Diputaciones provinciales, la consideración de servicio mínimo a los efectos del artículo 32.2 b) de la Ley de bases de régimen local.
• Renovación de las legislaciones bibliotecarias autonómicas, especialmente aquellas leyes con más de 15 años de vigencia.
• Simplificación de las estructuras bibliotecarias de los sistemas y las redes bibliotecarias autonómicas, estableciendo únicamente los niveles autonómicos, provincial y municipal.
• Redefinición del modelo de servicio bibliotecario móvil para circunscribirse a municipios con una población de entre 300 y 2000 habitantes aproximadamente.
• Potenciación de los servicios virtuales y de extensión bibliotecaria ofrecidos por las Redes bibliotecarias en los municipios de menos de 300 habitantes.

Durante la presentación del estudio quedó patente además el nuevo rol que deben ir incorporando las bibliotecas públicas como espacio de socialización mediante el cambio en el foco del libro como centro de la biblioteca hacia las personas, para que sean ellas las que se apropien de estos espacios públicos: espacios de socialización y ágoras donde toda la ciudadanía pueda encontrarse.

Desde el CCB queremos felicitar a Óscar Arroyo por su importante labor de análisis que nos da una panorámica de las necesidades reales y de la situación en la que se encuentran los municipios de mayor despoblación. Una contribución que, sin duda será aprovechada por los grupos de trabajo de Bibliotecas y Agenda 2030 y del Plan de Especial Atención al Mundo Rural y que esperamos que llegue a todas las bibliotecas y a los responsables políticos en materia bibliotecaria.